
Nuevos decretos de vivienda de octubre de 2026: qué cambia para propietarios e inquilinos
Nuevos decretos de vivienda de octubre de 2026: qué cambia para propietarios e inquilinos
El Gobierno ha aprobado dos nuevos reales decretos-ley que introducen cambios relevantes en el mercado del alquiler, la fiscalidad inmobiliaria, la vivienda turística y el acceso a la primera vivienda. Analizamos las principales medidas, las fechas de aplicación y los aspectos que propietarios e inquilinos deben revisar antes de tomar decisiones.
El mercado inmobiliario español afronta una nueva etapa de cambios normativos. El 7 de octubre de 2026 se publicaron en el Boletín Oficial del Estado dos reales decretos-ley que afectan a diferentes ámbitos del sector residencial.
Se trata del Real Decreto-ley 29/2026, orientado a proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible, y del Real Decreto-ley 28/2026, dirigido a reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.
Aunque ambas normas forman parte de un mismo paquete de medidas, no tienen la misma fecha de aplicación. Esta diferencia resulta especialmente importante para propietarios con contratos próximos a vencer, arrendadores que estén preparando nuevas operaciones e inquilinos que necesiten conocer sus derechos.
En CASAFLEX analizamos las principales novedades y explicamos qué aspectos conviene revisar en cada caso.
1. Dos decretos de vivienda con fechas de aplicación diferentes
Antes de analizar las medidas, es fundamental distinguir entre los dos textos.
Real Decreto-ley 29/2026: en vigor desde el 8 de octubre
Este decreto reúne medidas sobre prórrogas extraordinarias de contratos, actualización de rentas, alquiler de temporada y por habitaciones, determinadas operaciones de compra de vivienda, protección frente a desahucios y cambios fiscales relacionados con el mercado residencial.
También contempla medidas destinadas a facilitar el acceso a la primera vivienda y a incentivar determinadas actuaciones de rehabilitación y alquiler asequible.
Real Decreto-ley 28/2026: pendiente de convalidación
El segundo decreto se centra en la estabilidad de los contratos de alquiler de vivienda habitual. Entre sus principales novedades previstas se encuentran los cambios en las renovaciones contractuales, los plazos de preaviso y las posibles indemnizaciones en determinados supuestos de no renovación.
Su entrada en vigor está prevista para el 15 de noviembre de 2026, siempre que se produzca la convalidación parlamentaria correspondiente.
¿Por qué es importante esta distinción?
Porque no todas las medidas pueden aplicarse desde la misma fecha. Antes de comunicar una no renovación, modificar una renta o formalizar un nuevo contrato, es necesario comprobar qué disposición resulta aplicable y cuál es su situación normativa en ese momento.
2. Prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados alquileres
Una de las medidas con mayor impacto inmediato para propietarios e inquilinos es la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria de determinados contratos de arrendamiento de vivienda habitual.
El RDL 29/2026 contempla una extensión de hasta dos años adicionales para contratos que cumplan los requisitos legales y cuya finalización se produzca antes del 31 de diciembre de 2028.
La prórroga se articula por anualidades y debe ser solicitada por el inquilino. Cuando se cumplen las condiciones establecidas, el arrendador debe aceptarla, manteniéndose las condiciones contractuales previstas en la norma.
Entre los requisitos que deben comprobarse se encuentra que el arrendatario esté al corriente de pago y haya abonado puntualmente las rentas durante los ocho meses anteriores, además del resto de condiciones legales.
La medida no significa que todos los contratos puedan ampliarse automáticamente durante dos años. Deben revisarse el tipo de arrendamiento, la fecha de vencimiento, las circunstancias de las partes y las excepciones previstas.
También es importante comprobar si existe un nuevo acuerdo entre las partes, una causa legal de recuperación de la vivienda u otro régimen específico que pueda afectar a la aplicación de la prórroga.
Qué debe revisar el propietario: la fecha exacta de vencimiento, las comunicaciones realizadas, el historial de pagos y la posible aplicación de las excepciones legales antes de responder a una solicitud de prórroga.
3. Límites temporales a la actualización de las rentas
El decreto establece un régimen extraordinario para determinadas actualizaciones anuales de la renta hasta el 31 de diciembre de 2027.
La regulación distingue dos situaciones principales:
- Sin incremento: cuando la renta supera el límite máximo aplicable conforme al sistema de índices de referencia previsto por la norma.
- Límite del 2 %: en los demás supuestos, si las partes no alcanzan un nuevo acuerdo, la actualización no podrá superar ese porcentaje.
La aplicación depende de las circunstancias del contrato y de los límites legalmente establecidos. Por tanto, no es correcto afirmar que todos los alquileres quedan congelados ni que todos pueden actualizarse automáticamente un 2 %.
Para determinar el importe que corresponde aplicar, es necesario revisar el contrato, la fecha de actualización, el índice pertinente y la situación concreta de la vivienda.
En el caso de los propietarios, una comunicación incorrecta de la actualización puede generar discrepancias con el inquilino. Por ello, antes de emitir una notificación, conviene calcular la renta conforme al régimen aplicable y dejar constancia de la comunicación.
4. Alquiler de temporada: la importancia de acreditar la temporalidad
El RDL 29/2026 introduce cambios relevantes en la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones.
El objetivo es evitar que se utilicen contratos temporales para cubrir necesidades permanentes de vivienda eludiendo las garantías propias del arrendamiento habitual.
La norma establece que los contratos de temporada deben responder a una causa temporal real, expresa y acreditable. Esa causa debe quedar correctamente identificada en el contrato.
Si no existe una justificación suficiente de la temporalidad, el arrendamiento puede quedar sometido al régimen de vivienda habitual desde el inicio.
Esto significa que no basta con denominar un contrato «de temporada» o fijar una duración determinada. Debe existir una razón efectiva que justifique la ocupación temporal, de acuerdo con las condiciones legales.
Para el propietario, resulta recomendable documentar la causa del arrendamiento, conservar la información que la acredita y revisar la coherencia entre la finalidad declarada y las condiciones reales de ocupación.
También deben tenerse en cuenta las normas autonómicas aplicables, que pueden establecer condiciones adicionales.
5. Alquiler por habitaciones, anuncios y gastos de gestión
Las nuevas disposiciones afectan igualmente a los arrendamientos por habitaciones.
En los supuestos contemplados por la norma, la suma de las rentas de las habitaciones no puede superar la renta correspondiente al alquiler de la vivienda completa. Además, se incorporan garantías relacionadas con los precios en zonas de mercado residencial tensionado.
En cuanto a la publicidad de los inmuebles, la información exigible puede incluir datos como el índice de referencia, la renta del contrato anterior dentro del periodo legalmente relevante, la condición de gran tenedor del propietario cuando proceda y el número de registro correspondiente, si resulta obligatorio.
Otro aspecto relevante es el tratamiento de los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato. Los gastos que legalmente corresponden al arrendador no deben trasladarse al inquilino.
La norma también refuerza determinadas garantías relativas al estado de la vivienda, su entrega al finalizar el contrato y el derecho de adquisición preferente del arrendatario en los supuestos previstos.
Para quienes alquilan por habitaciones o gestionan varios inmuebles, la recomendación es revisar los contratos, los anuncios y la estructura de precios antes de iniciar nuevas operaciones.
6. Restricciones a determinadas compras de vivienda y medidas frente a los desahucios
El decreto incorpora medidas dirigidas a limitar determinadas prácticas de adquisición de vivienda por debajo de su valor de tasación.
Hasta el 31 de diciembre de 2030, determinadas entidades dedicadas a adquirir inmuebles o carteras de préstamos impagados, así como ciertos grandes tenedores y empresas de su grupo, quedan sujetas a restricciones para adquirir viviendas por un precio inferior al 70 % de su valor de tasación de mercado, con las condiciones y excepciones previstas legalmente.
La regulación contempla supuestos específicos que deben analizarse antes de cerrar una operación. No todas las adquisiciones ni todos los compradores quedan sometidos necesariamente al mismo régimen.
El texto también establece medidas de protección frente al lanzamiento de personas vulnerables sin alternativa habitacional en determinados procedimientos y hasta la fecha prevista en la norma, con diferencias según la condición del demandante y las circunstancias del caso.
En ciertos procedimientos por impago en los que concurra vulnerabilidad económica, la Administración competente dispone de un plazo máximo de dos meses para ofrecer una alternativa habitacional adecuada o satisfacer las cantidades reclamadas y las costas en los términos legales.
No debe interpretarse que todos los desahucios quedan suspendidos automáticamente. La aplicación depende del procedimiento, de la situación acreditada y de las condiciones establecidas en el decreto.
Para los propietarios afectados por un impago, es especialmente importante recibir asesoramiento específico y no dar por supuesto que el procedimiento se paraliza o continúa sin comprobar los requisitos aplicables.
7. Cambios fiscales en el alquiler de vivienda habitual
El RDL 29/2026 modifica determinados incentivos fiscales vinculados al arrendamiento de vivienda habitual.
Las reducciones aplicables a los rendimientos del alquiler pueden variar según factores como la fecha del contrato, la renta pactada, la existencia de una reducción respecto al contrato anterior, la primera puesta en alquiler de la vivienda o la realización de obras de rehabilitación.
Entre los supuestos contemplados se encuentran:
- Incentivos reforzados en determinadas situaciones en las que se reduce la renta más de un 5 % y se cumplen los requisitos.
- Una reducción del 50 % en ciertos contratos que encajen en el supuesto general previsto.
- Porcentajes diferentes cuando se incrementa la renta, según las condiciones aplicables.
- Incentivos específicos para determinadas viviendas alquiladas por primera vez.
- Una reducción del 60 % en determinados supuestos de viviendas rehabilitadas durante los dos años anteriores.
- Tratamientos específicos para determinados alquileres destinados a vivienda social o asequible.
No todos los porcentajes son acumulables ni se aplican indistintamente a cualquier contrato. La fecha de firma y los requisitos de cada supuesto son determinantes.
Por ello, antes de estimar la rentabilidad neta de un inmueble, conviene analizar no solo los ingresos y los gastos, sino también el tratamiento fiscal que realmente puede corresponder al propietario.
8. Deducción para determinados inquilinos
La norma incorpora una deducción fiscal destinada a determinados contribuyentes que alquilan su vivienda habitual, con límites de renta y otras condiciones.
El importe deducible y el acceso a la medida dependen de los requisitos establecidos legalmente. No debe entenderse como un beneficio automático para cualquier persona que pague un alquiler.
Los inquilinos interesados deben comprobar si cumplen las condiciones económicas y personales exigidas y cómo se aplica la medida en su declaración del IRPF.
9. Venta de viviendas a la Administración para uso social o asequible
El decreto contempla incentivos fiscales para determinadas transmisiones de viviendas a administraciones públicas o entidades públicas dedicadas a vivienda social o asequible.
En los supuestos previstos, la ganancia patrimonial obtenida por el vendedor puede beneficiarse de una exención total o parcial en el IRPF.
La aplicación está condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos, entre ellos los relativos al tipo de comprador, el plazo de transmisión, el precio y las circunstancias de la vivienda.
Antes de valorar esta alternativa, el propietario debe comparar el precio de venta, la ganancia patrimonial, los costes asociados y el ahorro fiscal que podría obtener.
La existencia de un incentivo no implica que la operación resulte siempre más rentable que una venta en el mercado privado. Es necesario realizar los cálculos correspondientes y confirmar que se cumplen todas las condiciones.
10. IVA, IBI y fiscalidad de determinados alquileres turísticos
El paquete normativo incluye cambios fiscales que pueden afectar a los alquileres turísticos, a ciertas viviendas protegidas, a determinadas obras de rehabilitación y a otros supuestos inmobiliarios.
IVA de determinados alojamientos turísticos
El decreto contempla un tipo del 10 % para determinados alquileres turísticos de corta duración que no constituyan la vivienda habitual del arrendador, con efectos previstos desde el 1 de diciembre de 2026.
La aplicación debe comprobarse según las características del alojamiento, los servicios prestados y las condiciones fiscales de la operación.
Vivienda protegida y obras de reforma
También se recogen medidas relativas al IVA reducido para determinados supuestos de vivienda protegida y para ciertas obras de reforma en viviendas destinadas al alquiler habitual.
No todas las compraventas, rehabilitaciones o reformas quedan incluidas. Es necesario comprobar la naturaleza de la vivienda, las características de la actuación y los requisitos de la norma.
IBI y viviendas turísticas
El decreto contempla la posibilidad de que los ayuntamientos establezcan recargos en determinados supuestos de viviendas turísticas situadas en zonas tensionadas.
La aplicación efectiva depende de las condiciones legales y de la regulación municipal correspondiente.
SOCIMI y plusvalía municipal
El texto también introduce cambios relacionados con determinados beneficios fiscales de las SOCIMI y con los coeficientes máximos del impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Estas cuestiones requieren un análisis específico según el tipo de inmueble, la operación y la normativa tributaria aplicable.
11. Financiación prevista para la entrada de la primera vivienda
El paquete de medidas contempla una línea de financiación destinada a facilitar el acceso a la primera vivienda habitual, gestionada a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
El programa prevé préstamos de hasta 50.000 euros o el 20 % del valor de la vivienda, según el límite que corresponda, con un tipo de interés del 0 % y sin comisiones en los términos previstos.
La finalidad es facilitar la aportación inicial que necesita el comprador para acceder a una vivienda con financiación hipotecaria.
Sin embargo, la publicación del decreto no significa por sí sola que cualquier interesado pueda solicitar el préstamo inmediatamente. Deben comprobarse las condiciones operativas, los requisitos de acceso y el procedimiento que se establezca para su aplicación.
Quien esté preparando la compra de su primera vivienda debe analizar su capacidad de endeudamiento, el importe de la hipoteca, los gastos de adquisición y las condiciones concretas del programa antes de tomar una decisión.
12. Renovación automática de contratos: qué prevé el segundo decreto
El RDL 28/2026 plantea cambios importantes en la estabilidad de los contratos de vivienda habitual.
Una vez transcurridos determinados periodos mínimos —cinco años, o siete cuando el arrendador sea una persona jurídica—, el contrato se prorrogaría por periodos sucesivos de la misma duración salvo que alguna de las partes comunique válidamente su voluntad de no renovarlo.
La propuesta también contempla:
- Un plazo de preaviso del arrendador de seis meses, frente al plazo anterior de cuatro meses.
- Un plazo de preaviso del arrendatario que se mantiene en dos meses.
- Una posible indemnización al inquilino cuando el propietario comunique la no renovación, con un mínimo vinculado al importe de doce mensualidades de renta de una vivienda de características análogas, calculado conforme al sistema estatal de referencia de precios de alquiler.
- Excepciones para determinados supuestos justificados, como algunas necesidades de recuperación de la vivienda por el arrendador persona física y otras circunstancias expresamente previstas.
Esta medida todavía debe distinguirse de las disposiciones ya vigentes. Su entrada en vigor está prevista para el 15 de noviembre de 2026, condicionada a la convalidación parlamentaria. Además, deben revisarse las disposiciones transitorias y las comunicaciones de no renovación efectuadas antes de la publicación.
Para propietarios con contratos próximos a vencer, no es aconsejable enviar comunicaciones basándose únicamente en un resumen de prensa. Es necesario revisar la fecha del contrato, su duración, las notificaciones realizadas y la normativa aplicable en el momento de actuar.
13. Qué deberían hacer ahora propietarios e inquilinos
Ante este escenario, la mejor decisión no es actuar por titulares o interpretaciones generales, sino revisar cada situación de manera individual.
Si eres propietario y tienes una vivienda alquilada
Comprueba la fecha de vencimiento, el historial de pagos, la cláusula de actualización de renta y las posibles prórrogas. Antes de comunicar una subida o una no renovación, confirma qué régimen legal resulta aplicable.
Si vas a poner una vivienda en alquiler
Revisa el tipo de contrato, la justificación de la temporalidad, el precio, la información que debe aparecer en el anuncio y los gastos que legalmente corresponden a cada parte.
Si alquilas por habitaciones o gestionas alquiler turístico
Analiza la estructura de rentas, los requisitos contractuales, las obligaciones fiscales y las normas autonómicas y municipales aplicables.
Si estás pensando en comprar o vender
Estudia el precio, la financiación, los gastos de la operación y las posibles consecuencias fiscales. Si la operación puede acogerse a un programa público o a un incentivo, comprueba primero sus condiciones y su disponibilidad efectiva.
Si tienes un contrato próximo a vencer
No des por hecho que una prórroga o una renovación automática se aplicará a tu caso. Las fechas, los avisos, el tipo de contrato y las disposiciones transitorias pueden ser determinantes.
Conclusión: conocer la normativa es esencial para tomar mejores decisiones inmobiliarias
Los decretos de vivienda de octubre de 2026 incorporan medidas que pueden afectar de forma significativa a propietarios, inquilinos, inversores y personas que desean acceder a su primera vivienda.
Las prórrogas extraordinarias, los límites temporales a las actualizaciones de renta, los cambios en los alquileres de temporada, los incentivos fiscales y las nuevas reglas previstas para la renovación de contratos hacen necesario revisar con atención cada operación.
Además, la diferencia entre una norma en vigor y otra pendiente de convalidación obliga a prestar atención a las fechas y a la evolución de su situación parlamentaria.
En CASAFLEX consideramos que una gestión inmobiliaria responsable requiere información contrastada, planificación y una valoración realista de las consecuencias económicas y legales de cada decisión.
Antes de alquilar, renovar, comprar o vender una vivienda, revisa tu caso concreto y confirma qué normativa resulta aplicable.
CASAFLEX | Real Estate Investment & Asset Management
Este artículo tiene carácter exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento jurídico, fiscal ni financiero. La aplicación de las medidas depende del texto oficial, de su situación normativa, de las disposiciones transitorias y de las circunstancias de cada operación.
Fuentes oficiales
- Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre — BOE
- Real Decreto-ley 28/2026, de 6 de octubre — BOE
- Información oficial del Gobierno sobre las medidas de vivienda
